Diego Felipe Urrea

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Diego Felipe Urrea Periodismo y opinión www.educacia.org

El lenguaje de la naturaleza humana debería incrustarse a la democracia como una inteligencia natural democrática. Los procedimientos de la democracia directa deberán ser estructurados bajo un lenguaje sistémico, que eduque al elector antes de votar, y que ejerza el control accountability educacional (Urrea Vanegas, 2021, p 19), sin que haya intermediarios que incidan en la toma de decisiones, y así, se promueva una democracia comunitaria. El libro de Dworkin (2003) titulado Liberalismo, constitución y democracia, plantea que en una democracia comunitaria “todos los ciudadanos juegan un rol que les permite incidir en las decisiones políticas de una comunidad a la vez que obliga a los gobernantes a tomar en cuenta cada uno de los intereses de los ciudadanos mismos” (p. 78).

Millones de colombianos votaron por Gustavo Petro creyendo en una promesa de cambio, transparencia y transformación inst...
28/07/2026

Millones de colombianos votaron por Gustavo Petro creyendo en una promesa de cambio, transparencia y transformación institucional. Sin embargo, los recientes cuestionamientos y denuncias públicas sobre la presunta influencia de personas cercanas al poder plantean una pregunta necesaria: ¿estuvo Petro a la altura del compromiso que asumió con quienes creyeron en el petrismo?

Más allá de lo que determinen las autoridades frente a estas denuncias, el debate de fondo es político. Un proyecto que prometía romper con las viejas prácticas terminó enfrentando cuestionamientos por el papel que habrían desempeñado personas del entorno presidencial en decisiones del Estado.

En mi opinión, el petrismo terminó reproduciendo prácticas personalistas incompatibles con una verdadera democracia participativa. Cuando el poder se concentra en un presidente y en su círculo de confianza, las instituciones pierden protagonismo y las decisiones públicas corren el riesgo de depender más de relaciones personales que del mandato ciudadano.

Pero el problema no termina en un gobierno. La verdadera falla está en la democracia representativa. Cada cuatro años los ciudadanos entregamos nuestro poder mediante el voto y, desde ese momento, quedamos prácticamente excluidos de las grandes decisiones del Estado. El presidente gobierna, nombra funcionarios, define prioridades y conforma su equipo, mientras la ciudadanía observa desde la distancia.
No importa quién gane las elecciones. Mientras el sistema concentre tanto poder en una sola persona, siempre existirá el riesgo del personalismo.

Por eso, desde Educracia proponemos evolucionar hacia una democracia participativa, directa y transparente, donde la ciudadanía no gobierne un solo día cada cuatro años, sino todos los días mediante herramientas tecnológicas que permitan decidir, controlar y supervisar permanentemente las decisiones públicas.

La solución no es cambiar de caudillo. La solución es construir un sistema donde ningún gobernante tenga tanto poder y donde el verdadero protagonista vuelva a ser el ciudadano.

Un informe de control político reveló que, de las 214 promesas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, po...
20/07/2026

Un informe de control político reveló que, de las 214 promesas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida", 152 no se habrían cumplido, lo que representa un 71 % de incumplimiento.

Apenas 62 registran algún nivel de avance o cumplimiento. Paralelamente, otro informe mostró que, durante el primer trimestre de 2026, ningún ministerio del Gobierno Nacional alcanzó siquiera el 30 % de ejecución presupuestal. Es decir, miles de millones de pesos permanecían sin ejecutarse mientras millones de colombianos seguían esperando soluciones.

En materia de seguridad y defensa, de 16 compromisos, solo 4 registran cumplimiento. En paz, justicia e institucionalidad, de 21 promesas, únicamente 8 presentan avances. Incluso iniciativas emblemáticas del Gobierno, como la implementación integral de la denominada "Paz Total", el sometimiento de estructuras criminales y la eliminación del servicio militar obligatorio, quedaron lejos de los objetivos inicialmente anunciados.

Pero el problema no termina en las promesas.
Durante estos cuatro años el país fue testigo de una sucesión permanente de escándalos que deterioraron la confianza ciudadana en las instituciones.

El caso de la UNGRD se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno. Una compra de carrotanques para abastecer de agua a La Guajira, valorada en aproximadamente 47.000 millones de pesos, terminó revelando un presunto entramado de sobrecostos, direccionamiento contractual y entrega de sobornos a congresistas. Las investigaciones posteriores involucraron a exdirectivos de la entidad, exministros, altos funcionarios del Ejecutivo y expresidentes del Congreso. La Fiscalía y la Corte Suprema avanzaron en múltiples procesos penales que hoy siguen desarrollándose.

Las cifras conocidas por la justicia son igualmente alarmantes. Testimonios y expedientes hablan de presuntas entregas de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, además de contratos cercanos a 92.000 millones de pesos que hoy hacen parte de las investigaciones.

A ello se sumaron controversias por las interceptaciones ilegales derivadas del caso Laura Sarabia, cuestionamientos relacionados con nombramientos en la DIAN, investigaciones sobre la financiación de campañas, tensiones institucionales entre el Ejecutivo y las altas cortes, además de múltiples renuncias, imputaciones y capturas de funcionarios cercanos al Gobierno. Independientemente del desenlace judicial de cada proceso, el efecto político ha sido devastador: una creciente pérdida de confianza ciudadana.

Sin embargo, sería un error creer que el problema comenzó con Gustavo Petro.

Antes hubo gobiernos cuestionados por Odebrecht, el Cartel de la Toga, Agro Ingreso Seguro, Reficar, el Carrusel de la Contratación, la parapolítica, los falsos positivos, los sobrecostos de grandes obras públicas y decenas de escándalos que cambiaron los protagonistas, pero nunca el sistema.

Porque el verdadero problema no es quién ocupa la Presidencia.

El problema es un modelo político donde millones de ciudadanos entregan el poder a los egos de unos pocos cada cuatro años y luego quedan reducidos al papel de espectadores.

La democracia representativa fue diseñada para una época sin internet, sin inteligencia artificial y sin herramientas de participación digital. Hoy la tecnología permite que los ciudadanos puedan deliberar, decidir, vigilar y auditar en tiempo real el uso de los recursos públicos. Sin embargo, seguimos funcionando bajo un modelo que concentra el poder en una reducida élite política.

Ahí es donde aparece Educracia.

Educracia no propone cambiar un partido por otro ni reemplazar un presidente por otro. Propone reemplazar el modelo mismo.

Su propuesta es el autogobierno ciudadano: eliminar los intermediarios políticos entre el Estado y la sociedad para que sean los propios ciudadanos quienes decidan directamente las prioridades del presupuesto, supervisen la ejecución de los recursos públicos y participen de manera permanente en las grandes decisiones nacionales mediante una plataforma digital segura y transparente.

Cuando el presupuesto pertenece realmente a la ciudadanía, resulta mucho más difícil esconder la ineficiencia, justificar la baja ejecución o convertir los recursos públicos en instrumentos de negociación política.

Las cifras del actual gobierno no deberían servir únicamente para evaluar una administración. Deberían servir para preguntarnos si el sistema que produce estos resultados sigue siendo el adecuado.

Después de décadas alternando gobiernos de izquierda, derecha y centro, Colombia continúa enfrentando los mismos problemas estructurales: corrupción, burocracia, promesas incumplidas y una ciudadanía que solo participa el día de las elecciones.

Quizás ha llegado el momento de dejar de cambiar gobernantes y empezar a cambiar la forma de gobernarnos.

Porque mientras la democracia representativa siga concentrando el poder en unos pocos, los ciudadanos seguirán esperando que alguien cumpla las promesas.

Con Educracia, el objetivo es distinto: que el pueblo deje de esperar y comience a gobernar.

Artículo de opinión escrito por Diego Felipe Urrea

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“Los Nunca” fue el concepto que impulsó la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella. Representaba la esperanza d...
12/07/2026

“Los Nunca” fue el concepto que impulsó la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella. Representaba la esperanza de millones de colombianos cansados de los mismos partidos, las mismas maquinarias y los mismos acuerdos políticos. Era la promesa de que, por fin, quienes nunca habían tenido voz llegarían al poder.
Pero la realidad del nuevo gobierno ha abierto un fuerte debate. El nombramiento de Lara como ministro del Interior y la presencia de figuras respaldadas por estructuras políticas tradicionales, como la Casa Char con Elsa Noguera, hacen que muchos ciudadanos se pregunten si realmente hubo un cambio o si el discurso del “outsider” terminó siendo solo una estrategia para conquistar el voto de quienes anhelaban una transformación.

Se perdió la oportunidad de conformar un gabinete integrado principalmente por perfiles técnicos, académicos y profesionales independientes. Una vez más, la política tradicional parece imponerse sobre la promesa de renovación.

Y este no es un problema exclusivo de un gobierno. Es la consecuencia de un modelo de democracia representativa en el que los ciudadanos entregan su poder cada cuatro años y luego quedan como espectadores, mientras los partidos negocian ministerios, burocracia, alianzas y cuotas de poder.

Educracia propone una transformación mucho más profunda. No busca reemplazar unos políticos por otros. Propone eliminar los intermediarios entre los ciudadanos y el Estado para que sean las personas quienes decidan directamente el rumbo del país mediante herramientas tecnológicas de autogobierno ciudadano.



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Artículo de opinión escrito por Diego Felipe Urrea.

El anuncio del Gobierno saliente de presentar un proyecto para prohibir el fracking genera más preguntas que respuestas....
12/07/2026

El anuncio del Gobierno saliente de presentar un proyecto para prohibir el fracking genera más preguntas que respuestas. Si esta era una prioridad para proteger el agua y los ecosistemas, ¿por qué esperar hasta el final del mandato para radicar la iniciativa? Después de cuatro años en el poder, resulta legítimo preguntarse si esta decisión responde a una convicción de gobierno o si llega demasiado tarde para producir cambios reales.

Durante la administración de Gustavo Petro se habló del ordenamiento del territorio alrededor del agua como uno de los ejes de transformación del país. Sin embargo, ese propósito no se tradujo en las reformas estructurales que muchos esperaban. Tampoco avanzó una reforma integral de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) ni una actualización del Sistema Nacional Ambiental (SINA) establecido por la Ley 99 de 1993, cambios que distintos sectores han planteado como necesarios para fortalecer la institucionalidad ambiental.

Desde esta perspectiva, el anuncio de prohibir el fracking puede interpretarse como una medida tardía que, más que corregir una política pública durante el ejercicio del poder, deja un tema abierto para el siguiente gobierno. Ese escenario también puede convertirse en un argumento político para cuestionar las decisiones que adopte la nueva administración de Abelardo De La Espriella, cuando la oportunidad de impulsar estas reformas existió durante los cuatro años del gobierno saliente.

Desde Educracia, la discusión va más allá de un gobierno u otro. El problema de fondo es un sistema político que concentra las decisiones en los gobernantes de turno con partidos políticos que no reflejan el querer de la comunidad y deja a los ciudadanos como espectadores. Colombia necesita un modelo de autogobierno ciudadano donde las grandes decisiones ambientales se construyan con evidencia, participación directa y mecanismos permanentes de control social, en lugar de depender de iniciativas presentadas al cierre de cada administración.

La protección del agua, de los bosques y de la biodiversidad no puede convertirse en una bandera de coyuntura. Debe ser una política de Estado con resultados verificables, responsabilidad institucional y participación ciudadana efectiva.

Mientras millones de colombianos siguen esperando soluciones a problemas como la inseguridad, el desempleo, la salud y e...
30/06/2026

Mientras millones de colombianos siguen esperando soluciones a problemas como la inseguridad, el desempleo, la salud y el alto costo de vida, la clase política continúa protagonizando confrontaciones que aumentan la división del país.

El llamado del senador Iván Cepeda a la desobediencia civil, realizado desde la sede del Pacto Histórico tras las elecciones presidenciales, desató una inmediata reacción desde el entorno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, cuyos voceros defendieron la necesidad de respetar el orden constitucional y resolver las diferencias por las vías institucionales.

Más allá de quién tenga la razón, este nuevo enfrentamiento deja una pregunta de fondo: ¿cuándo dejarán los políticos de concentrarse en la confrontación para enfocarse en resolver los problemas que afectan a los ciudadanos?

En Educracia creemos que el poder debe estar al servicio de la comunidad, no de las disputas entre dirigentes. Colombia necesita instituciones fuertes, participación ciudadana y decisiones orientadas al bienestar de la población, no una política basada en la confrontación permanente.

📌 Ampliación de esta información en www.educracia.org.

Fuente: Declaraciones públicas de Iván Cepeda y pronunciamientos públicos del entorno del presidente electo Abelardo De la Espriella.

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