20/07/2026
Un informe de control político reveló que, de las 214 promesas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida", 152 no se habrían cumplido, lo que representa un 71 % de incumplimiento.
Apenas 62 registran algún nivel de avance o cumplimiento. Paralelamente, otro informe mostró que, durante el primer trimestre de 2026, ningún ministerio del Gobierno Nacional alcanzó siquiera el 30 % de ejecución presupuestal. Es decir, miles de millones de pesos permanecían sin ejecutarse mientras millones de colombianos seguían esperando soluciones.
En materia de seguridad y defensa, de 16 compromisos, solo 4 registran cumplimiento. En paz, justicia e institucionalidad, de 21 promesas, únicamente 8 presentan avances. Incluso iniciativas emblemáticas del Gobierno, como la implementación integral de la denominada "Paz Total", el sometimiento de estructuras criminales y la eliminación del servicio militar obligatorio, quedaron lejos de los objetivos inicialmente anunciados.
Pero el problema no termina en las promesas.
Durante estos cuatro años el país fue testigo de una sucesión permanente de escándalos que deterioraron la confianza ciudadana en las instituciones.
El caso de la UNGRD se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno. Una compra de carrotanques para abastecer de agua a La Guajira, valorada en aproximadamente 47.000 millones de pesos, terminó revelando un presunto entramado de sobrecostos, direccionamiento contractual y entrega de sobornos a congresistas. Las investigaciones posteriores involucraron a exdirectivos de la entidad, exministros, altos funcionarios del Ejecutivo y expresidentes del Congreso. La Fiscalía y la Corte Suprema avanzaron en múltiples procesos penales que hoy siguen desarrollándose.
Las cifras conocidas por la justicia son igualmente alarmantes. Testimonios y expedientes hablan de presuntas entregas de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, además de contratos cercanos a 92.000 millones de pesos que hoy hacen parte de las investigaciones.
A ello se sumaron controversias por las interceptaciones ilegales derivadas del caso Laura Sarabia, cuestionamientos relacionados con nombramientos en la DIAN, investigaciones sobre la financiación de campañas, tensiones institucionales entre el Ejecutivo y las altas cortes, además de múltiples renuncias, imputaciones y capturas de funcionarios cercanos al Gobierno. Independientemente del desenlace judicial de cada proceso, el efecto político ha sido devastador: una creciente pérdida de confianza ciudadana.
Sin embargo, sería un error creer que el problema comenzó con Gustavo Petro.
Antes hubo gobiernos cuestionados por Odebrecht, el Cartel de la Toga, Agro Ingreso Seguro, Reficar, el Carrusel de la Contratación, la parapolítica, los falsos positivos, los sobrecostos de grandes obras públicas y decenas de escándalos que cambiaron los protagonistas, pero nunca el sistema.
Porque el verdadero problema no es quién ocupa la Presidencia.
El problema es un modelo político donde millones de ciudadanos entregan el poder a los egos de unos pocos cada cuatro años y luego quedan reducidos al papel de espectadores.
La democracia representativa fue diseñada para una época sin internet, sin inteligencia artificial y sin herramientas de participación digital. Hoy la tecnología permite que los ciudadanos puedan deliberar, decidir, vigilar y auditar en tiempo real el uso de los recursos públicos. Sin embargo, seguimos funcionando bajo un modelo que concentra el poder en una reducida élite política.
Ahí es donde aparece Educracia.
Educracia no propone cambiar un partido por otro ni reemplazar un presidente por otro. Propone reemplazar el modelo mismo.
Su propuesta es el autogobierno ciudadano: eliminar los intermediarios políticos entre el Estado y la sociedad para que sean los propios ciudadanos quienes decidan directamente las prioridades del presupuesto, supervisen la ejecución de los recursos públicos y participen de manera permanente en las grandes decisiones nacionales mediante una plataforma digital segura y transparente.
Cuando el presupuesto pertenece realmente a la ciudadanía, resulta mucho más difícil esconder la ineficiencia, justificar la baja ejecución o convertir los recursos públicos en instrumentos de negociación política.
Las cifras del actual gobierno no deberían servir únicamente para evaluar una administración. Deberían servir para preguntarnos si el sistema que produce estos resultados sigue siendo el adecuado.
Después de décadas alternando gobiernos de izquierda, derecha y centro, Colombia continúa enfrentando los mismos problemas estructurales: corrupción, burocracia, promesas incumplidas y una ciudadanía que solo participa el día de las elecciones.
Quizás ha llegado el momento de dejar de cambiar gobernantes y empezar a cambiar la forma de gobernarnos.
Porque mientras la democracia representativa siga concentrando el poder en unos pocos, los ciudadanos seguirán esperando que alguien cumpla las promesas.
Con Educracia, el objetivo es distinto: que el pueblo deje de esperar y comience a gobernar.
Artículo de opinión escrito por Diego Felipe Urrea
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