26/04/2026
El 21 de diciembre de 1907, miles de familias obreras llevaban días hacinadas en el patio de una escuela pública. Habían bajado desde la pampa salitrera, hombres, mujeres, niños, cargando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina. No traían armas. Traían un pliego de peticiones. Querían que sus salarios dejaran de pagarse en fichas de cartón que solo servían en la pulpería del patrón. Querían comer sin pedir permiso.
En las oficinas salitreras del norte grande, la vida era una deuda perpetua. El desierto de Atacama producía el salitre que fertilizaba los campos de Europa, y con esa riqueza el Estado chileno financiaba casi todo su presupuesto. Pero los pampinos vivían en campamentos de polvo, sometidos a jornadas brutales, sin libertad de comercio, sin moneda real, sin dignidad. Cuando en 1907 los salarios perdieron la mitad de su valor frente a la libra esterlina, algo se rompió.
Más de diez mil trabajadores marcharon hacia Iquique. El gobierno del presidente Pedro Montt envió al general Roberto Silva Renard con tropas, cañoneras y ametralladoras. El 20 de diciembre se declaró estado de sitio. A las 3 y media de la tarde del día siguiente, Silva Renard dio la orden.
Lo que ocurrió después duró minutos. El fusilería y las ametralladoras abrieron fuego sobre la multitud desarmada. Los cuerpos se apilaron en las calles del puerto bajo el sol de diciembre. El gobierno reconoció 126 mu***os. La memoria popular habla de entre dos mil y tres mil seiscientas personas. Nadie sabe el número exacto. Nunca se supo.
Después, el gobierno cerró los periódicos obreros para que nadie hablara demasiado.
Chile tardó décadas en pronunciar en voz alta el nombre de lo que pasó ese día. En 2007, cien años después, el Estado decretó duelo nacional. Una placa de mármol marca hoy el lugar donde estuvieron los cuerpos.
El salitre se acabó. La deuda sigue sin saldarse.
