27/11/2025
Coparticipación secundaria, desarrollo local y el riesgo de la “demeritocracia”
Reflexiones de la Fundación Sur Santa Cruz sobre el proyecto nro 662 ingresado a la legislatura provincial, sobre Índice de Desarrollo Municipal
1. ¿Qué es la coparticipación secundaria?
En Argentina, cuando hablamos de coparticipación solemos pensar en el reparto de recursos entre Nación y provincias. Pero existe otra dimensión que afecta directamente la vida de nuestros vecinos: la coparticipación secundaria, es decir, la forma en que cada provincia distribuye sus recursos entre los municipios y comisiones de fomento.
¿Por qué importa esto?
Porque de esa ingeniería dependen cuestiones muy concretas de la vida cotidiana:
-la capacidad de un municipio para sostener servicios básicos (agua, cloacas, recolección de residuos, salud primaria, seguridad urbana);
-la posibilidad de planificar obras de infraestructura;
-el margen para desarrollar políticas locales de empleo, producción y desarrollo social.
En Santa Cruz, como en muchas provincias, la discusión sobre coparticipación secundaria está pendiente o fragmentada. La distribución de recursos combina normas parciales, decisiones históricas y un alto margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo. En ese contexto aparece el proyecto que crea el Índice de Desarrollo Municipal (IDM), presentado como paso previo hacia una futura reforma de la coparticipación secundaria.
2. ¿Qué propone el proyecto?
El proyecto tiene un objetivo declarado: construir una herramienta técnica que mida el desarrollo relativo de cada municipio y comisión de fomento, para que esa información sirva de base a un futuro régimen de coparticipación secundaria.
Los ejes principales son:
a) Creación del Índice de Desarrollo Municipal (IDM)
Se crea un IDM para cada municipio/comisión de fomento, calculado anualmente, que intenta capturar su nivel de desarrollo en cuatro dimensiones:
-Área social (35%): condiciones de vida, acceso a servicios básicos, salud, educación, vivienda, NBI, etc.
-Área económica (30%): empleo, actividad económica, estructura productiva, recaudación propia, entre otros.
-Área territorial / infraestructura (20%): conectividad, redes de servicios, equipamiento urbano y condiciones geográficas.
-Área demográfica (15%): población, estructura etaria, densidad, crecimiento, dispersión.
Cada dimensión se construye a partir de indicadores que se normalizan en una escala de 0 a 100. Con eso, se calcula un IDM final y se clasifica a los municipios en alto, medio o bajo desarrollo.
b) Observatorio Provincial de Desarrollo Municipal (OPDM)
El proyecto crea un Observatorio Provincial bajo la órbita del Poder Ejecutivo, con representación de distintos ministerios. Sus funciones principales:
-recopilar y validar la información;
-Calcular el índice;
-elaborar un informe técnico anual;
-publicar los resultados en un portal de datos abiertos.
c) Censos municipales bianuales
Se imponen censos municipales cada dos años, con una metodología bastante detallada en el Anexo del proyecto. Los municipios que no informen los datos en tiempo y forma corren el riesgo de ser evaluados solo con información residual y recibir el puntaje mínimo en los indicadores no informados.
d) Conexión con la coparticipación secundaria
El punto políticamente más sensible es el artículo que establece que la clasificación en alto/medio/bajo desarrollo servirá como referencia técnica para la futura coparticipación secundaria, asegurando que los municipios con menor desarrollo relativo reciban mayor refuerzo de recursos.
Es aquí donde aparece un debate de fondo.
3. Luces y sombras del proyecto
Como aspectos valiosos:
-Se reconoce explícitamente la desigualdad territorial de la provincia y la necesidad de políticas diferenciadas.
-Se propone avanzar hacia criterios objetivos y datos verificables, con publicación de resultados y cierta lógica de transparencia.
-Se abandona la idea de que todo puede resolverse solo con discrecionalidad política o acuerdos coyunturales.
Sin embargo, también advertimos problemas que no son menores:
-El índice, tal como está diseñado, presenta inconsistencias técnicas (incluso en la fórmula de ponderación) y duplicación de indicadores, que pueden distorsionar los resultados.
-El Observatorio queda fuertemente concentrado en el Poder Ejecutivo, sin participación institucionalizada de municipios ni de organismos técnicos independientes (universidad, estadísticas oficiales, etc.).
-La obligación de censo bianual con sanción de puntaje mínimo para quien no informe abre un frente delicado con la autonomía municipal y podría traducirse, en el futuro, en castigos financieros encubiertos.
Pero el núcleo de nuestra preocupación está en otra parte: el modo en que el proyecto vincula IDM y coparticipación secundaria.
4. De la equidad territorial a la “demeritocracia”
La intención declarada del proyecto es loable: que los municipios más postergados reciban más apoyo. Nadie puede oponerse a la idea de corregir desigualdades históricas y brechas territoriales.
El problema no es el objetivo, sino el mecanismo implícito.
El artículo referido a la coparticipación secundaria dice, en síntesis:
“Los municipios con menor desarrollo relativo deben recibir mayor refuerzo de recursos.”
Dicho así, suena justo. Pero, ¿qué pasa si esa frase se convierte en el criterio central de reparto, sin otros contrapesos? Ocurre algo peligroso: se instala una lógica de “demeritocracia”.
¿Qué entendemos por “demeritocracia”?
Llamamos demeritocracia al sistema que, en la práctica, premia el mal desempeño o la ineficiencia, siempre que se traduzcan en “estar peor” en los indicadores de desarrollo.
Si la futura coparticipación secundaria se construye solo sobre la base de:
“Cuanto más bajo sea tu desarrollo, más recursos recibís”,
sin tener en cuenta: el esfuerzo fiscal del municipio; su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas; la calidad de la gestión y de la inversión; el grado de planificación y uso responsable de los fondos ...
Entonces el mensaje es muy problemático:
Los que ordenan sus cuentas, mejoran su recaudación, invierten en infraestructura y gestionan bien, no reciben un reconocimiento claro.
Los que permitem el deterioro de indicadores, sostienen malas prácticas o dependen exclusivamente de la ayuda provincial, pueden terminar siendo los más beneficiados en el reparto.
Es decir: no se premia el mérito y el esfuerzo, sino el resultado negativo.
Más grave todavía: si los actores locales perciben que “estar mal paga”, el incentivo objetivo es no mejorar demasiado. Una coparticipación basada exclusivamente en la foto de la necesidad, sin mirar el proceso, corre el riesgo de congelar la pobreza estructural como estrategia política, en lugar de superarla.
5. Redistribución sí, premio a la ineficiencia no
La distribución de recursos debe acompañar a quienes parten de condiciones más difíciles.
Pero no estableciendo un esquema que no diferencia entre un municipio que se esfuerza por mejorar y otro que persiste en la improvisación o en la mala gestión.
La alternativa no es elegir entre “redistribución” o “meritocracia”. Se trata de buscar mecanismos para una redistribución responsable que combine:
Indicadores de necesidad (como el propio IDM), que midan:
brechas sociales, déficits de infraestructura, condiciones geográficas adversas, vulnerabilidades estructurales.
Indicadores de esfuerzo y cumplimiento de metas, que capturen:
esfuerzo fiscal y mejora de la recaudación propia, transparencia presupuestaria y rendición de cuentas, calidad de la planificación y de la inversión, cumplimiento de reglas y metas acordadas.
6. Una oportunidad para discutir en serio la coparticipación secundaria
Debe celebrarse que al fin se avance en el debate sobre la coparticipación.
El proyecto de Índice de Desarrollo Municipal abre una puerta que vale la pena aprovechar: poner sobre la mesa la discusión sobre cómo distribuimos los recursos en Santa Cruz.
Esta discusión debe darse con rigor técnico: índices bien construidos, metodologías claras, participación de organismos especializados; respecto a las autonomias municipales y participacion en el diseño de las nuevas reglas; transparencia (datos públicos, criterios explícitos, controles cruzados), y responsabilidad : apoyo a quienes más lo necesitan, sin convertir la necesidad en un activo electoral ni premiar la mala gestión.
Javier Stoessel - Fundacion Sur Santa Cruz
