03/08/2026
DEL DECÁLOGO DE LA ANCIANIDAD AL PRESENTE: LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE DEFIENDEN
El 28 de agosto de 1948, Eva Perón presentó al pueblo argentino el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad, una declaración profundamente revolucionaria que sería oficializada mediante el Decreto N.º 32.138/48 e incorporada posteriormente a la Constitución Nacional de 1949. No fue una simple enumeración de principios: fue una decisión política que colocó a la Argentina a la vanguardia mundial en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
Hasta entonces, la vejez era concebida desde la beneficencia, la compasión o el abandono. Quienes habían entregado toda una vida al trabajo eran relegados a un lugar de invisibilidad social, como si al finalizar su etapa laboral dejaran de tener valor para la comunidad. Se ignoraba deliberadamente que esas mismas personas habían levantado fábricas, cultivado la tierra, construido escuelas, hospitales, caminos, barrios y ciudades; habían sostenido con su esfuerzo cotidiano el crecimiento del país y hecho posible el presente de las nuevas generaciones.
Fue Evita quien rompió definitivamente con esa lógica de descarte. El Decálogo inauguró un cambio de paradigma histórico: las personas mayores dejaron de ser objeto de caridad para convertirse en sujetos plenos de derechos, con dignidad, autonomía y protección garantizada por el Estado.
Asistencia, vivienda, alimentación, vestido, salud física y moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto dejaron de ser favores para transformarse en derechos. Esa fue la verdadera revolución: reconocer que la dignidad humana no tiene fecha de vencimiento y que una sociedad justa se mide también por la forma en que trata a quienes la construyeron.
Décadas antes de que el mundo hablara de envejecimiento con enfoque de derechos, la Argentina ya lo había hecho. Por eso el Decálogo de la Ancianidad fue un verdadero faro para la comunidad internacional y un antecedente ineludible de las políticas modernas sobre vejez y derechos humanos.
Ese camino encontró continuidad en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la OEA en 2015 y ratificada por nuestro país mediante la Ley 27.360 en 2017. La Convención reconoce a las personas mayores como titulares plenos de derechos humanos y obliga a los Estados a garantizar su autonomía, igualdad, participación, inclusión social y una vida libre de violencia, abandono y discriminación.
No existe forma de comprender esa Convención sin reconocer el legado de Evita. Aquello que ella proclamó en 1948 terminó convirtiéndose, casi setenta años después, en un compromiso asumido por los Estados del continente. Lo que nació como una bandera de justicia social en la Argentina se transformó en un estándar internacional de derechos humanos.
Hoy, lamentablemente, asistimos a un escenario que contradice esos principios.
Desde la Asamblea de Jubilados de Plaza San Martín de Gualeguaychú denunciamos que las políticas impulsadas por el gobierno nacional significan un gravísimo retroceso para los derechos de las personas mayores. El deterioro de las jubilaciones, la pérdida permanente del poder adquisitivo, los recortes en medicamentos y prestaciones, el debilitamiento de políticas públicas esenciales y el ajuste sobre quienes menos posibilidades tienen de defenderse configuran, a nuestro entender, una política sistemática de abandono y exclusión hacia las personas mayores.
Cuando una jubilación ya no alcanza para comer; cuando miles de adultos mayores deben elegir entre comprar alimentos o medicamentos; cuando acceder a la salud se vuelve una carrera de obstáculos; cuando quienes trabajaron durante cuarenta o cincuenta años son empujados a la pobreza, no estamos frente a simples decisiones económicas. Estamos frente a una profunda vulneración de derechos humanos.
Por eso hablamos de una política de descarte. Porque se pretende convencer a la sociedad de que quienes ya produjeron, ya aportaron y ya construyeron la Patria son ahora un gasto que debe reducirse. Esa lógica no solo resulta profundamente injusta: también niega la historia de millones de argentinos y argentinas que dedicaron toda su vida al trabajo y al sostenimiento del país.
Cada derecho arrebatado representa una traición al legado del Decálogo de la Ancianidad y un incumplimiento del espíritu de la Convención Interamericana, que obliga al Estado argentino a garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas mayores.
Pero la historia también enseña otra cosa: ningún derecho fue un regalo. Cada conquista social nació de la organización, de la solidaridad y de la lucha colectiva.
Los jubilados y jubiladas de nuestro país nunca aceptamos resignadamente los atropellos. Resistimos dictaduras, ajustes, privatizaciones y reformas que intentaron convertir los derechos en mercancías. Y hoy volvemos a decir, con la misma convicción, que no renunciaremos a ninguna de nuestras conquistas.
Porque somos la generación que trabajó toda una vida, que levantó escuelas, hospitales, caminos, fábricas y barrios; la generación que hizo grande a esta Patria y que no permitirá que nos condenen al olvido.
Desde la Asamblea de Jubilados de Plaza San Martín de Gualeguaychú reafirmamos nuestro compromiso de seguir organizándonos, movilizándonos y luchando en las plazas, en las calles y en cada ámbito donde sea necesario. Lo hacemos no solamente por quienes hoy somos jubilados, sino también por las generaciones futuras, porque defender los derechos previsionales es defender el derecho de todos y todas a una vejez digna.
Como nos enseñó Evita, la justicia social no se negocia. Los derechos no se mendigan. Los derechos se conquistan y se defienden.
Frente al ajuste, más organización.
Frente al abandono, más solidaridad.
Frente al intento de convertir la vejez en descarte, más lucha.
Porque mientras exista un jubilado dispuesto a levantar su voz, el legado del Decálogo de la Ancianidad seguirá vivo.
